Se ha experimentado un crecimiento de más de un 3% en los casos de demandas de custodia compartida que se ha visto reflejado en un incremento importante de la carga de trabajo de los psicólogos y los trabajadores sociales adscritos a los juzgados. Sus informes apoyan la labor de los jueces en sus decisiones a la hora de dictaminar con quién vivirán los hijos en común de parejas separadas. Son más de 9.000 las custodias compartidas que se realizan al año en España, según datos recogidos por el INE.
Esta sobrecarga de demandas ha causado esperas superiores a un años para que los casos puedan ser examinados. Desde el gremio judicial se achaca esta situación a los recortes asumidos por el poder judicial en los años de la crisis.
Los informes psicosociales son la valoración del núcleo familiar tras la separación o el divorcio destinados a elegir la mejor opción respecto a la custodia de los hijos y para valorar si ambos padres son aptos para cuidar a sus hijos en casos de custodias compartidas. También se utilizan cuando se interpone una demanda de modificación en el régimen de visitas. Estas exploraciones, que se hacen a padres e hijos, pueden ser solicitadas tanto por las partes en litigio como a instancias del juez. La tarea de los psicólogos es descartar psicopatologías y otras disfuncionalidades en los padres y evaluar la capacitación de los progenitores para ofrecer a sus hijos la mejor alternativa de custodia. Para ello basan su análisis en cómo han actuado a lo largo del tiempo y cómo planean hacerlo a partir de la separación.
Debido a este nuevo contexto en el que los jueces ven afectado su ritmo de trabajo, la Asociación Española de Abogados de Familia ha solicitado al gobierno un aumento en el equipo de psicólogos y trabajadores sociales adscritos a los juzgados, además de regularizar su situación.
Para solventar esta situación coyuntural, algunas Comunidades Autónomas han decidido llevar a cabo una contratación externa de equipos psicológicos, con el objetivo de minimizar ese retraso acumulado por los juzgados. También hay que tener en cuenta que aún no ha habido una especialización de los juzgados, ya que todos los centros acumulan casos de diversa índole, lo cual ralentiza aún más los procesos.
Muchos expertos del sector judicial coinciden que una ampliación de la plantilla de psicólogos y de trabajadores sociales conseguiría disminuir los tiempos de espera para la resolución de litigios.
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